El Colectivo Contra la Impunidad hizo un llamado al Senado para que llamen a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero para que rinda cuentas.
Por Patricia Dávila| Foto: Octavio Gómez| martes, 26 de octubre de 2021|CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Integrantes del Colectivo Contra la Impunidad exigieron al Senado que, ante la negativa del fiscal Alejandro Gertz Manero de informar a la ciudadanía, lo cite para que rinda cuentas a través de una comparecencia.
En el patio de la Cámara alta, presentaron los temas de fondo a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que cite a Gertz Manero con el fin de que rinda cuentas de sus actuaciones en cinco puntos que consideraron esenciales.
Miroslava Ortiz, representante de la organización Observatorio Nacional Ciudadano, leyó el pronunciamiento:
Señaló que a más de dos años de que fuera nombrado el primer titular de la Fiscalía General de la República, no ha impulsado la transición hacia una persecución penal, eficaz, moderna y eficiente; por el contrario, “vemos con preocupación graves retrocesos, principalmente la pérdida de autonomía, así como el incumplimiento de sus obligaciones fundamentales”.
En la FGR no hay transparencia ni rendición de cuentas, contenidos en la propia ley, además de que el fiscal cerró cualquier espacio de diálogo con las víctimas y con la sociedad
“Debido a la negativa de Alejandro Gertz Manero de aprobar los preceptos aprobados en la ley de 2018, en su lugar apoyó su derogación implementando una nueva ley olvidando las obligaciones de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, salvaguardas para su autonomía y para garantizar los estándares establecidos para los fiscales, estándares que, señala, son básicos en un estado de derecho”.
Señala que la iniciativa de esta nueva ley tampoco fue debatida con la sociedad civil, perdiendo la oportunidad de recoger las mejores prácticas para un enfoque de derechos humanos para transformar a la vieja Procuraduría General de la República en una Fiscalía, así como para implementar un sistema penal acusatorio eficiente y garantizar una institución autónoma.
Por el contrario, señalan que las reformas son un retroceso para las víctimas y para los derechos humanos en México, y reduce su actuación en materia de búsqueda de personas desaparecidas y el acceso a la justicia para personas migrantes.
A la vez de que se niega a atraer casos de las fiscalías locales. En este sentido, con fundamento en algunos artículos de la Constitución Política, señala la portavoz que las organizaciones y las personas que suscriben el acuerdo solicitan al Senado que requiera al fiscal para comparecer y rendir cuentas sobre cinco aspectos fundamentales:
Primero, el estado que guarda la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, ordenada por la propia norma constitucional.
Segundo, las acciones realizadas durante su gestión, así como desafíos para garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos y bajo el sistema de Justicia penal acusatorio.
Tercero, el estado procesal de los casos más relevantes de corrupción y sobre desaparición y búsqueda de personas que están a cargo de la FGR.
Cuarto, acciones emprendidas para combatir la impunidad, así como resultados presentados con datos claros objetivos completos y accesibles.
Quinto, los mecanismos de transparencia rendición de cuentas y participación ciudadana implementados durante su gestión.
Argumenta que la rendición de cuentas, los informes de desempeño y los análisis de logros y pendientes de cumplir son fundamentales para cualquier funcionario en nuestro país.
